La ley de drogas en números: sobre la pretendida lucha contra el narcotráfico

Abstract

El régimen prohibicionista actualmente vigente tiene como objetivo eliminar todas las prácticas –i.e. cultivo, producción, venta y consumo– asociadas a un conjunto de sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Argentina, al igual que otros países de la región, recurrió para ello al derecho penal (Corbelle, 2010; Corda, 2011; Labate y Rodrigues, 2015; Tokatlian, 1989). Estas políticas han fracasado. Desde su consolidación a nivel mundial en la década del sesenta no sólo han proliferado los mercados y ha aumentado el consumo de estas sustancias, sino que como se evidencia en el informe presentado por diecisiete organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, su implementación en la región ha generado un notable impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, ha aumentado los niveles de violencia en especial en zonas empobrecidas profundizando el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de sus habitantes, ha vulnerado los derechos humanos de miles de personas que son judicializadas y encarceladas acentuando la discriminación y exclusión que pesa sobre determinados grupos sociales, y ha ampliado las inequidades económicas y asimetrías internacionales (CELS, 2015:6). En la última década, las propuestas alternativas y las críticas a las actuales políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos se instalaron en ámbitos regionales e internacionales, generando importantes consensos y debates. En pocas palabras, la postura compartida se fundó en el común acuerdo de que la implementación y monitoreo de las convenciones de drogas no podía ignorar las obligaciones asumidas por los estados en otras áreas (Armenta, Metaal y Jelsma, 2012; CELS, 2015; Garzón y Pol, 2015). En respuesta a estos cuestionamientos, la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) de la ONU –foro que reúne a los máximos dirigentes de los fondos, programas y organismos del sistema para mejorar su coordinación y cooperación– finalmente adoptó en 2018 la “Posición común del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la implementación de la política internacional de fiscalización de drogas mediante una colaboración interinstitucional eficaz”, en donde se comprometió a ayudar a los Estados Miembro a desarrollar e implementar respuestas equilibradas, integrales, conjuntas, basadas en la evidencia y en los derechos humanos, orientadas al desarrollo y sustentables (Jelsma, 2019).