ENSEÑANZA; INVESTIGACIÓN SOCIAL; TRABAJO SOCIAL; OFICIO DE INVESTIGAR; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; info:eu-repo/semantics/

Abstract

El presente artículo se centra en el análisis de las prácticas de los agentes operativos que llevan adelante la ejecución de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH). Se realiza un recorte local en la Provincia de Córdoba- atendiendo al sistema de cobro condicionado que implica la política en cuestión, específicamente en el ámbito educativo. Uno de los supuestos que atraviesa el análisis es que si bien el origen institucional de la AUH se enmarca como un subsistema de las Asignaciones Familiares (AAFF), dependiente de la ANSES, el derecho que instituye esta política no se ha cristalizado en las prácticas de los agentes operatorios como un derecho equiparable al de las AAFF dirigidas a los trabajadores registrados. El entendimiento de estos agentes sobre la legitimidad del derecho a percibir una prestación monetaria por parte de las familias desempleadas o que se desempeñan en la economía informal, anuda nociones vinculadas a la solidaridad, la justicia social, los derechos humanos, los planes dirigidos a la pobreza y el asistencialismo. Así, el Estado con la determinación de reglas de titularidad, de acceso, de controles, cumple como instancia de veredicto, la cual es encarnada en las prácticas de diversos agentes burocráticos.