Resumen
La Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) surge como proyecto del Eje Migración y Asilo de la Red Orientada a la Resolución de Problemas en Derechos Humanos de CONICET (RIOSP DDHH) y un amplio conjunto de organizaciones de migrantes y de derechos humanos en el año 2020. Se propone como una respuesta, desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil, a la ausencia de información actualizada, nacional y confiable sobre la situación de las personas migrantes residentes en la Argentina (cuyo número, según proyecciones recientes, asciende a 2.3 millones y representa cerca del 5% de la población del país). En nuestro país, la ausencia de información cuantitativa sobre la población migrante no solo afecta la representatividad y exhaustividad de los estudios que buscan caracterizar y comprender este fenómeno histórico y contemporáneo en un plano académico e investigativo, sino también las estrategias de incidencia destinadas a garantizar los derechos de este colectivo por parte de las organizaciones de la sociedad y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. El Censo Nacional es la única fuente estadística que permite obtener información poblacional completa y su última edición fue en el año 2010, no pudiéndose captar las transformaciones ocurridas en la última década. Por su parte, la Encuesta Permanente de Hogares se realiza solo a nivel de los núcleos urbanos más densamente poblados del país, no permitiendo conocer las dinámicas de espacios rurales y de menor escala demográfica, excluyendo muestralmente los colectivos migratorios más recientes y menos numerosos. La única ocasión en que se realizó una Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI) fue como parte del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en el año 2001. Por otro lado, los registros administrativos contemplan escasamente las variables vinculadas a la nacionalidad y/o país de origen, además de presentar graves problemas de calidad estadística (RIBOTTA ET AL., 2019). Finalmente, la característica federal de nuestro país dificulta aún más obtener información nacional representativa; sumado a que en ningún caso las fuentes citadas permiten conocer las dificultades o no de acceso a derechos de las personas migrantes en nuestro país. La profunda crisis económica en la que se encontraba el país antes de la llegada de la pandemia, aunada a las políticas restrictivas y xenófobas implementadas los años previos, llevaron a un grave deterioro de la situación económica, social y documentaria de la población migrante (Debandi y Penchaszadeh, 2020; Gavazzo y Penchaszadeh, 2020; Penchaszadeh, 2021; Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021). Las restricciones de movilidad y el estricto cierre de fronteras impuesto, desde marzo de 2020 hasta mediados de 2021, así como la imposibilidad de gran parte de la población migrante de acceder a las políticas y planes de ayuda social implementados, recrudecieron aún más la situación de vulnerabilidad de este colectivo. En ese contexto, la necesidad de contar con datos que permitieran producir información confiable y facilitar la incidencia en la arena política, se volvió imprescindible. Así surgió el proyecto de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina, desarrollado de manera autónoma e independiente por un conjunto de más de 30 investigadores/as de todo el país agrupados en el eje migración y asilo de la RIOSP-DDHH y con la participación de un extenso número de referentes migrantes y activistas en derechos humanos. El proceso tomó casi un año de trabajo (julio 2020 a mayo 2021) y contó con un ínfimo financiamiento ad hoc (del CONICET y la Plataforma Interagencial de respuesta para personas migrantes y refugiadas venezolanas, R4V, de OIM y ACNUR), utilizado principalmente para la difusión, la adquisición del software de encuestas, la limpieza de la base de datos y la divulgación de resultados . La ENMA tiene un alcance nacional con representatividad a nivel de origen nacional, género y edad. Se basa en un diseño muestral por cuotas basado en los datos del Censo 2010 con ajustes a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (2019). La primera edición, llevada a cabo en el primer año de la pandemia, se aplicó por medio de un cuestionario digital autoadministrado traducido a tres idiomas (creole haitiano, wolof y chino). El número total de respuestas válidas obtenido, después de la limpieza de la base de datos, fue de 3.114. Los datos se encuentran disponibles en formato abierto desde mayo de 2021 y ya han sido solicitados por más de 30 personas, entre activistas, investigadores y funcionarios de organismos estatales. Después de la limpieza y el procesamiento estadístico, se elaboró el Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020, el cual condensa los principales resultados derivados de la encuesta. Este documento, desarrollado también de manera articulada entre academia y organizaciones de migrantes, presenta una primera mirada informada, objetiva y representativa de la situación de la población migrante residente en el país desde una perspectiva de derechos humanos. El objetivo es incidir en el diseño integral de las políticas públicas dirigidas a esta población y contribuir a combatir la xenofobia y la discriminación a partir de evidencia empírica. En rigor, uno de los aspectos centrales de la propuesta metodológica, es su elaboración y concepción desde un enfoque práctico de derechos humanos. Sin entrar en detalles que ameritarían un extenso desarrollo, el enfoque de derechos plantea en primer lugar, colocar a los destinatarios de las políticas públicas como sujetos de derechos, es decir, como actores que pueden exigir determinadas prestaciones y conductas por parte del Estado y la sociedad (Abramovich y Pautassi, 2009; Abramovich, 2006). Entre los principios transversales que fundan el enfoque se encuentran la participación social y la producción de información, ambos estructurales en avanzar en la exigibilidad de los derechos, alejándose de la mirada asistencialista y paternalista de las necesidades del sujeto migrante. Se partió así de considerar que las personas migrantes no son partícipes circunstanciales o secundarios de la ENMA, sino promotores y autores de la investigación en su conjunto. En la primera edición de la encuesta, las personas migrantes fueron impulsoras imprescindibles del proyecto y participaron – en igualdad de condiciones que la academia – en el diseño, difusión, implementación y análisis de los resultados obtenidos colectivamente. Este enfoque práctico de derechos humanos se evidencia en el propio cuestionario, que receptó los principales intereses de las comunidades migrantes, modificó el orden de algunas preguntas sociodemográficas clásicas y definió la forma en que se consultaban o no ciertas cuestiones. Fueron asimismo las organizaciones migrantes quienes permitieron llegar a los territorios y personas a encuestar, logrando alcanzar y superar las cuotas previstas originalmente. Finalmente, cabe destacar que la ENMA se propone como una fuente de periodicidad trianual, complementaria y alternativa a la que producen los organismos oficiales. Para su próxima edición, en 2023 se busca posicionar y consolidar a la ENMA como un instrumento de recolección de información sobre migración internacional desde un enfoque de derechos, desarrollado desde la academia y las organizaciones de migrantes. El desafío por delante – en un contexto de postpandemia – es contar con la estructura institucional y presupuestaria que permita potenciar las capacidades de esta conjunción virtuosa entre academia y activismo, datos y conocimiento.
Métodos
La ENMA tiene un alcance nacional con representatividad a nivel de origen nacional, género y edad. Se basa en un diseño muestral por cuotas basado en los datos del Censo 2010 con ajustes a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (2019). La primera edición, llevada a cabo en el primer año de la pandemia, se aplicó por medio de un cuestionario digital autoadministrado traducido a tres idiomas (creole haitiano, wolof y chino). El número total de respuestas válidas obtenido, después de la limpieza de la base de datos, fue de 3.114. Los datos se encuentran disponibles en formato abierto desde mayo de 2021 y ya han sido solicitados por más de 30 personas, entre activistas, investigadores y funcionarios de organismos estatales.