Agrotóxicos, ambiente y salud en la provincia de Entre Ríos

Abstract

En este capítulo, nos proponemos describir la problemática sanitaria y ambiental vinculada al avance del uso de agrotóxicos en Argentina. Particularmente, nos centramos en el caso de la provincia de Entre Ríos, donde la producción agroindustrial en las últimas décadas ha crecido en superficies sembradas y volúmenes fumigados. Entre las diferentes preguntas que organizan nuestra investigación, en este capítulo abordamos las siguientes: ¿Cómo fue el avance del uso de agrotóxicos en el país y de qué modo sus impactos han sido regulados en las distintas escalas territoriales? ¿En qué medida sus efectos han sido problematizados por diversos actores a nivel local? ¿De qué manera dicha problematización ha sido acompañada por procesos de construcción social del riesgo, por la conformación de saberes contra-expertos y la construcción de causas judiciales? ¿Qué papel han tenido estos procesos en la visibilización de los impactos de las fumigaciones en el ambiente y la salud? Nuestro enfoque parte de algunas premisas. Entendemos que el hecho de que ciertas personas y grupos comiencen a ver una situación como problema (social, ambiental y/o sanitario) implica un proceso de construcción social del riesgo, a través del cual se formulan y difunden formas de entendimiento respecto de una situación como fuente de daños o peligro (Beck, 1998; Douglas, 1996). Este proceso involucra la existencia de controversias sociotécnicas, en las que se pone en crisis la legitimidad de las explicaciones y los modos de justificación provenientes del ámbito de la técnica y la ciencia, cobrando importancia las argumentaciones elaboradas por los "legos", en particular por las poblaciones directamente afectadas, frecuentemente en alianza con otros actores (Callon et al., 2009). En el caso de enfermedades y patologías cuya etiología se presume estrechamente vinculada a una exposición ambiental, la afirmación de una correlación lineal entre una causa y un efecto se torna de gran dificultad, dada la imposibilidad de aislar otras posibles variables ambientales intervinientes. La búsqueda de pruebas reúne entonces elementos heterogéneos y atraviesa diferentes espacios sociales, científicos, políticos y jurídicos. Esto implica que el acceso a la información necesaria, no está sólo determinado por la pura racionalidad científica, sino que implica además una "constelación demostrativa": diversidad de disciplinas científicas y de formas de conocimiento, de actores y dispositivos técnicos, institucionales, sociopolíticos y económicos movilizados (Gaille, 2018). De allí que interese analizar cómo en este proceso los propios sujetos se apropian de los saberes científicos -lo que se ha definido como "saberes profanos" (Akrich et al., 2010)- e incluso desarrollan sus significados en la construcción y percepción del riesgo, y la manera en que estos determinantes sociales influyen en la salud integral. Múltiples investigaciones han demostrado cómo ante la insuficiencia de registros oficiales y la falta de respuestas por parte de las autoridades, comienza un ejercicio de problematización y cuestionamiento colectivo. Se trata de procesos de "resistencia epidemiológica comunitaria" (Barri, 2010), "epidemiología popular" (Brown, 1992), "epidemiología crítica" (Breilh, 2006) y/o de producción de una expertise basada en el cúmulo de experiencias y saberes propios de las comunidades. En el caso de los agrotóxicos, las posiciones suelen discernirse de acuerdo a dos argumentos: la postura pragmática, que afirma que no existe evidencia para determinar una correlación directa entre la exposición a las fumigaciones y las enfermedades (que sustenta que bajo un uso correcto los potenciales riesgos prácticamente desaparecen), y la postura precautoria, que enfatiza en los daños comprobados y en la existencia de impactos negativos para la vida humana y la salud comunitaria (Skill y Grinberg, 2013). Uno de los ámbitos por excelencia donde se exponen ambas posturas es el ámbito judicial, donde las poblaciones han logrado instalar sus reclamos y visibilizar a sus demandas por medio de su judicialización. Esto supone, no solo la existencia y creación de normativa específica, sino también procesos de apropiación y actualización local del derecho. Esto es, cuando los colectivos organizados se apropian del acervo legal existente, lo movilizan y lo utilizan en sus reclamos (Merlinsky, 2013).A partir de las nociones desarrolladas, el presente capítulo se organiza en cuatro apartados: en el primero se caracteriza brevemente el avance del agronegocio en Argentina en general y en Entre Ríos en particular. Luego, se desarrollan las principales normativas vigentes y organismos de aplicación vinculados al uso de agrotóxicos a nivel nacional y provincial. El tercer apartado analiza los conflictos y controversias sobre impactos en la salud y el ambiente de mayor resonancia en Entre Ríos. Por último, presentamos una serie de reflexiones finales.