Audiencias públicas ¿para qué?: El después de "la audiencia pública del gas" en 2016

Abstract

Entre los mecanismos de democracia directa o semidirecta que fueron incorporados en mayor medida a partir de los años 1990 en numerosos países latinoamericanos, se encuentra la audiencia pública. En términos generales, es una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones en la cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que pudiesen verse afectados por una norma o tuviesen un interés particular en ella logren expresar su opinión sobre la misma. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad, a través del contacto directo con los interesados. La participación es consultiva o informativa pero no decisoria, ya que lo que allí se expone no es vinculante para el decisor.Este mecanismo, junto con otros varios instrumentos de la democracia participativa y directa, como la iniciativa popular, la consulta popular, la revocatoria de mandato y otros, fue incluido como parte de una de las oleadas de reformas políticas llevadas a cabo por varios países, con mayor énfasis desde fines de los años 80. Estas transformaciones se ejecutaron en medio del proceso conocido como crisis de la representación de masas y transición a la democracia de audiencia, de la era global o teledemocracia. A nivel nacional en la Argentina, este instrumento fue incorporado en varias legislaciones de servicios públicos y se reglamentó por decreto del Ejecutivo nacional en el año 2003. Ha sido igualmente adoptado en los ámbitos provinciales y locales. Existen varios tipos de audiencia pública: facultativa, obligatoria, para designaciones y acuerdos, de requisitoria ciudadana. Sin embargo, su impacto como mecanismo participativo en este país ha sido siempre bajo: fue convocada casi exclusivamente en los casos exigidos por ley, ha tenido escasa difusión entre los potenciales afectados, ha contado con una débil y poco representativa participación de individuos y/o grupos, y las opiniones allí volcadas no han tenido gran influencia sobre el proyecto inicial de los funcionarios a cargo de la decisión. En 2016, con motivo de los "tarifazos" implementados por la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos) sobre los servicios públicos, este mecanismo adquirió repentina notoriedad, no por su aplicación en los términos previstos por la normativa sino, contrariamente, por su omisión dentro de un procedimiento que lo requería en forma obligatoria: la quita de subsidios y el aumento del valor del suministro de gas natural en hogares, comercios e industrias en todo el país. Efectivamente, la relevancia y difusión del caso se fundó en que la autoridad ministerial con competencia en materia de energía, omitió la celebración de este procedimiento en su decisión de aumentar drásticamente las tarifas del servicio de gas natural en todo el país. Tras una serie de recursos antepuestos por ciudadanos y organizaciones, tendientes a frenar dichos aumentos (que en algunos casos superaban el 1.000% de los últimos importes abonados), la Corte Suprema de Justicia falló a favor de detener dichas subas al menos hasta tanto se cumpliese con la celebración de la requerida audiencia pública. Esta implementación, aunque tardía, y quizás por ello y por la urgencia y gravedad del tema involucrado, contó con una amplia difusión mediática y una concurrida participación de diversos sectores interesados en su cometido. A poco más de un año de dicho evento, frente a recientes anuncios en 2017 de nuevos "tarifazos" que rondan el 70% de aumento en servicios básicos como la energía eléctrica, cabe analizar el mencionado caso para finalmente reflexionar sobre la razón de ser y la real utilidad de la audiencia pública como mecanismo de participación ciudadana, al menos en los términos en los que se encuentra diseñada y reglamentada actualmente en la Argentina.