Alternativas: Condiciones y estrategias de las radios y los canales sin fines de lucro desde la sanción de la Ley Audiovisual

Abstract

Desde finales de los ’80, las emisoras comunitarias, populares y alternativas de la Argentina se han desarrollado desde condiciones de desigualdad no solo jurídica sino también económica. Gestadas y gestionadas en su mayoría por trabajadores/as, campesinos/as, indígenas, estudiantes o vecinos/as de barrios empobrecidos o de pequeños pueblos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, nacieron con escasas inversiones, sus producciones no han perseguido el lucro y, generalmente, se han orientado a públicos con baja capacidad de consumo. A pesar de su histórica presencia al lado de los movimientos sociales y los sectores populares en casi todas las provincias argentinas –y de su lucha por el derecho a comunicar–, los medios comunitarios, populares y alternativos siguen constituyendo el sector más débil de la comunicación audiovisual en el país. Hasta 2005 estuvieron confinados a la ilegalidad, lo que redundó también en su precariedad económica. Hasta 2013 no contaron con ninguna política específica y/o sistemática de fomento destinada a su desarrollo, y son el sector más invisibilizado de las industrias culturales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522, aprobada en octubre de 2009 y que entró en vigencia en marzo de 2010, reconoce a todos los medios audiovisuales no lucrativos como prestadores de servicios de radiodifusión, y les reserva un tercio del espectro radioeléctrico. Además, instaura derechos y establece condiciones, entre ellas, las de producción de contenidos y acceso a licencias. Por otra parte, garantizaba –hasta la modificación de la norma por decreto en 2015– la participación de las redes del sector social en las instituciones estatales participativas de políticas de comunicación que creara, como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA).