Políticas públicas de empleo II : 1999/2010

Abstract

Nos proponemos aquí presentar una descripción de las políticas de empleo en el nivel nacional desde la asunción de la presidencia de la nación por el Dr. Fernando De la Rúa en diciembre de 1999, hasta mayo de 2002. La situación laboral del país resultó duramente afectada por las consecuencias de la crisis económica que atravesó el país desde mediados de 1998. El proceso recesivo tuvo como consecuencia más visible el crecimiento de la desocupación; el constante deterioro de la oferta del mercado de trabajo se correlacionó con el crecimiento de la pobreza y con el fuerte aumento de la indigencia. Esto impactó en los sectores medios y medios bajos debido al deterioro de los ingresos familiares, generándose un fenómeno que se conoció como ?nuevos pobres?. A precios constantes, la caída del PIB fue importante (cerca del 13% entre comienzos de 1998 y 2001) y afectó, en primera instancia, a la demanda de puestos de trabajo (en el período analizado, la tasa de empleo cayó 0,6 puntos porcentuales). La contracción del empleo obligó a una porción significativa de la población económicamente activa con problemas laborales a aceptar puestos de trabajo de menor calidad con tal de percibir un ingreso que permitiera la subsistencia. El desempleo oculto por el efecto ?desaliento? en las personas que desisten de la búsqueda de empleo fue el resultado del estancamiento en la PEA. Para finales de la década, 4 millones de personas estaban fuera del empleo pleno de 35 o más horas semanales y el desempleo se podía considerar de tipo estructural. El alto número de trabajadores en negro, de autónomos con baja capacidad de contribución, de personal doméstico, los subempleados y desocupados, cuya cantidad superó ampliamente a la de registrados, implicó fuertes límites para los aportes previsionales; y consiguientes coberturas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, de Riesgos de Trabajo, de Asignaciones Familiares, del subsidio de desempleo, el sistema de obligaciones sociales y el PAMI. Esto obligó al Estado a financiar el déficit previsional vía impuestos, a modificar el sistema de obras sociales y a implementar políticas sociales, entre otras medidas. Asimismo, la evolución en las prestaciones y los montos de los programas de empleo empezaron a disminuir a partir de 1999. Esta merma se debió en gran parte a la insuficiencia de fondos disponibles para su continuidad.