La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje estatal (1928-1949)

Abstract

En el transcurso de dos décadas la política azucarera argentina transitó de un modelo de concertación sectorial, diseñado al influjo de la movilización cañera y el Laudo Alvear, a un esquema de intervención impulsado por el Estado nacional. Durante la década de 1930 las decisiones de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar, destinada a armonizar los intereses encontrados de industriales y plantadores, fueron incumplidas por los cañeros. De forma recurrente, estos actores repudiaban los precios de la materia prima estipulados por la Cámara, abandonaban la vía de la concertación sectorial y recurrían a la huelga para resolver sus demandas distributivas. La “revolución de junio” de 1943 diseñó un nuevo ordenamiento que involucró profundamente al Estado nacional en el funcionamiento de la industria azucarera. La proyección de una Junta Nacional del Azúcar, destinada a regir de manera integral la actividad, y la creación de un Fondo Especial de Compensación y Asistencia Social, que reconocía a industriales y cañeros los mayores costos productivos y los derivados de la política social, revelaban un giro sustancial en la política azucarera. El gobierno peronista asumió este diseño institucional. Entre 1946 y 1949, la ampliación de los beneficios sociales y el incremento de las obligaciones anuales agudizaron la puja distributiva y demandaron un mayor involucramiento estatal. Finalmente, en 1949 la crisis de la balanza de pagos clausuró un ciclo de prosperidad y desnudó las dificultades del Estado para afrontar el peso de los subsidios y compensaciones. Esta coyuntura definió los lineamientos de una nueva política expresada en la creación de la Dirección de Azúcar, la racionalización y eficiencia productiva.

In the course of two decades the Argentinian sugar policy shifted from a sectoral consensus model, designed from the influx of the mobilization of sugarcane and the Laudo Alvear, to an intervention scheme promoted by the national government. During the decade of the 1930 the decisions of the House of Sugar Producers Trade Union, destined to harmonize the competing interests of industrialists and planters, were broken by the sugarcane growers. Recursively, these actors repudiated the raw material prices stipulated by the House, leaving the amicable sectoral route and resorted to strike in order to resolve their distributive demands. The “June revolution” of 1943 designed a new order that deeply involved the national state in the operation of the sugar industry. The projection of a National Sugar Board, intended to comprehensively regulate the activity, and the creation of a Special Fund for Compensation and Social Assistance, which recognized industrial and sugarcane growers the largest production costs and expenses resulting from social policy, revealed a substantial change in sugar policy. The Peronist government assumed this institutional design. Between 1946 and 1949, the expansion of social benefits and the increasing of annual obligations sharpened the distributive struggle and demanded greater state involvement. Finally, in 1949 the crisis in the balance of payments closed a cycle of prosperity and stripped the difficulties of the state to address the role of subsidies and compensation. This situation defined the outlines of a new policy expressed in the creation of the Directorate of the Sugar industry, rationalization and production efficiency.