La normativa y las políticas públicas ambientales en contextos territoriales en disputa: los bienes comunes, proceso de apropiación, despojo y movilización social en Villa la Angostura, Neuquén

Abstract

Desde inicios de los años noventa en Argentina puede observarse un proceso de sanción de diferentes leyes ambientales, las cuales y en concordancia con los nuevos paradigmas en contexto de cambio climático en el orden global, tienen como finalidad la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y sus hábitat. Ejemplos de dichas normativas son la Convención Relativa a los Humedales (Ley 23.919-1991); la Producción Ecológica, Biológica u Orgánica (Ley 25.127-1999); los Presupuestos Mínimos para Gestión Sustentable (Ley 25.675-2002); el Régimen de Gestión Ambiental de Agua (Ley 25.688- 2002), el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (ley 26.339-2010); la Ley 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Publica Ambiental dictada en el año 2004, y la Ley 26.331, Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos del 2007. En el ámbito internacional es relevante mencionar a algunos instrumentos no vinculantes para los Estados, que brindan una serie de principios con la protección de los bosques, y que en muchos casos se han trasladado a la normativa y a las políticas internas. En particular se destacala Declaración de principios para el manejo sustentable de bosques que fue adoptada en la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992, la Resolución ONU 62/98 y la Declaración de Nueva York de bosques de 2014. Además existen otros instrumentos internacionales que protegen al ambiente en general o a otros recursos naturales, que hacen referencia específica a la protección de los bosques, (Convención Marco de la ONU sobre cambio climático de 1992, de la Convención para la lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía o desertificación de 1994, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030). Simultáneamente durante la misma época grupos sociales representados por los pueblos originarios que habitan territorio argentino lograron visibilizar y colocar en la agenda política derechos relacionados con su condición de preexistentes. La reforma constitucional del año 1994, (artículo 75 Inc.17 reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos), y la posterior sanción en el año 2006 de la Ley 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, colocan a estos colectivos en un nuevo estatus como sujetos de derecho. De relevancia significativa resulta la Ley 24.071 ratificatoria del Convenio 169de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Estas dos últimas normas serán incluidas en el texto de la ley de bosques por lo que conformarán un debate al momento de su interpretación por parte de la autoridad de Aplicación. Expondremos en esta ponencia como la aplicación o ejecución de la legislación vigente en temas ambientales e indígenas en situaciones de territorios en disputa, generan y potencian de manera contradictoria nuevos conflictos y asimetrías socioterritoriales. Villa la Angostura localidad cabecera del Departamento los Lagos ubicada en el SO de la provincia de Neuquén, lindante al área natural protegida del Parque Nacional Nahuel Huapi, representa desde un abordaje territorial un claro estudio de caso en el cual la diversidad de actores sociales, tales como, la Comunidad MapucePaicilAntriao, la Confederación Mapuche Neuquina, las asambleas y ONGs ambientalistas, juntas vecinales, organizaciones barriales cámaras empresariales e inmobiliarias y el propio estado en sus diferentes dimensiones (municipal, provincial y federal), conforman una matriz de intereses yuxtapuestos en un mismo hábitat, en la cual se evidencia un proceso de expansión inmobiliaria creciente, desarrollo turístico de características extractivista, imposibilidad de acceso a vivienda y reivindicación de propiedad comunitaria indígena. Profundizaremos por lo tanto en la aplicación, gestión y efectos de la implementación de la legislación relacionada con los bosques nativos (en tanto bienes comunes), el derecho territorial y el acceso a la información pública en temas ambientales; insumos básicos en los procesos participativos que dichas leyes contemplan. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos posee como objetivo principal crear una política de estado capaz de promover acciones de conservación. La misma propone, mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), regular la expansión de la frontera agropecuaria, implementar medidas para controlar la disminución de la superficie existente mejorando y sosteniendo los procesos ecológicos y culturales en los bosques que beneficien a la sociedad. En tanto la ley 26.160 contempla “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, y suspende la ejecución de sentencias de desalojos. Fue justamente la planificación, metodología e intencionalidad política durante el proceso de OTBN y su posterior actualización en Villa la Angostura, ejecutada por la Autoridad de Aplicación, el emergente por el cual desde las diferentes percepciones y dimensiones territoriales los actores, en tanto sujetos y colectivos manifiestan sus tensiones, en tanto grupos sociales heterogéneos y diverso desde lo cultural. Como reflexión en un territorio en disputa de características inter étnicas, tal es Villa la Angostura; Estado e inversores, de manera contradictoria, promueven y vulneran un desarrollo sustentable territorial, desvalorizando el concepto de bienes comunes, desarrollo sustentable y fundamentalmente limitando el acceso a información obstaculizando los procesos participativos enmarados en las propias leyes.