La revocatoria de mandato en Colombia: diseño institucional y resultados de su aplicación

Abstract

Desde los años 90, tras la crisis del modelo de representación de masas característico de los Estados de Bienestar y el arribo de la llamada democracia de audiencia , propia de los Estados de la Era Global, varios países de América Latina emprendieron reformas constitucionales en las que, entre otros cambios, incorporaron mecanismos de participación y control ciudadano asociados a las concepciones participativa y directa de democracia, como ser: la iniciativa popular, la consulta popular, el presupuesto participativo y la revocatoria de mandato, entre otros. Esta última herramienta de accountability societal vertical permite a los ciudadanos destituir a los representantes por ellos elegidos a través del voto en un referéndum, el que es convocado luego de que sus promotores hayan logrado reunir la cantidad de firmas mínimas requeridas para dar curso a la iniciativa popular de solicitud. Colombia la incorporó en su Constitución de 1991, pero solo para destituir a gobernadores y alcaldes. Es decir, autoridades ejecutivas del nivel subnacional, excluyendo por tanto al presidente y a los legisladores de todos los niveles. En el año 1994 dos leyes reglamentaron su ejercicio: la ley número 131 y la 134. En los años 2002 y 2015 se aprobaron modificaciones tendientes a disminuir sus requisitos: la ley número 741 y la 1.757, respectivamente. No obstante, habiéndose presentado numerosas solicitudes en sus más de 20 años de vigencia, ningún gobernante fue revocado hasta ahora. Este artículo se aboca por tanto a analizar, en primer lugar, el diseño institucional de la revocatoria de mandato en Colombia, para determinar si el mismo ha tendido a facilitar o a dificultar su uso por parte de la población. En igual sentido, se abordaron las sucesivas modificaciones realizadas a través de las mencionadas leyes, las que se orientaron a reducir requisitos claves como: la cantidad de firmas necesarias para acompañar la solicitud, la participación mínima exigida en el referéndum para validar la votación, el número de votos necesarios para destituir al mandatario, entre otros. Asimismo, se estudia el desempeño empírico de esta herramienta durante el período 1997-2015. Los resultados obtenidos indican que, a pesar de las reformas reglamentarias que redujeron en forma progresiva sus requisitos de implementación, y habiéndose presentado numerosas solicitudes, ningún mandatario fue revocado. Entre sus causas se identifica el incentivo político que el reemplazo del revocado vía elecciones implica para sus opositores interesados en arribar anticipadamente al poder. Sin embargo, el uso político electoral de este mecanismo, a manos de ex y futuros candidatos al cargo, no ha sido acompañado en las urnas de un apoyo popular suficiente para alcanzar las adhesiones mínimas requeridas para la revocación. De este modo, la revocatoria de mandato en Colombia funcionaría menos como un mecanismo de control ciudadano que como un instrumento de disputa política intra-élite.