Política de tierras en la Provincia del Chaco (1954-1971)

Abstract

El trabajo examina los aspectos más relevantes de la política de tierras en el Chaco desde la formación del primer gobierno provincial hasta la creación del Instituto de Colonización. La transformación del Territorio en provincia implicaba que la administración de las tierras públicas, que había sido responsabilidad de la Nación, quedaría a cargo de las autoridades locales. Esta labor se desarrollaría en condiciones diferentes a las de la etapa territoriana pues el proceso de ocupación de nuevas áreas había concluido. Quedaba como herencia de la administración de la antigua Dirección de Tierras el problema de las posesiones sin título que constituían la forma de tenencia predominante. A esta cuestión se sumó, desde fines de la década de 1950, la crisis del sector algodonero. El declive del principal sustento de la economía regional planteó la necesidad de una reconversión productiva ligada a un modelo de distribución de la tierra que no favorecía a los pequeños productores. Las cuestiones relacionadas con la regularización, la erradicación del minifundio y la expansión de área productiva constituyeron temas centrales de la política de tierras en un contexto social cada vez más conflictivo. Las disposiciones legales sobre la administración de la tierra pública en un principio se orientaron a favorecer la consolidación de la pequeña propiedad familiar pero paulatinamente pusieron énfasis en la eficiencia productiva de los adjudicatarios. En cuanto a la incorporación de nuevas zonas a la producción y el reordenamiento de la estructura parcelaria los resultados en estas dos primeras décadas de la etapa provincial fueron muy escasos. La acción del Estado se veía limitada por los continuos cambios políticos y la escasez de recursos. Recién con el aumento de la protesta rural a principios de la década de 1970, la política tierras constituyó un tema prioritario y obtuvo el apoyo financiero del gobierno nacional. Se creó así el Instituto de Colonización que permitió acelerar la transferencia de las tierras fiscales al dominio privado.